COMIENZA EL JUICIO POR JIMENA SALAS, ASESINADA HACE 4 AÑOS

Sergio Vargas y el viudo Nicolás Cajal Gauffin, serán juzgados por el Tribunal Colegiado de la Sala VII. Está previsto que las audiencias duren hasta el 21 de mayo y que declaren más de 100 testigos.

Hoy dará comienzo la audiencia de debate en la causa seguida por el homicidio de Jimena Beatriz Salas, a partir de las 8, en la que darán testimonios más de 100 testigos citados por las partes. Las principales instancias serán transmitidas en vivo por el canal de Youtube del Poder Judicial de Salta.

En el juicio comparecerán como partícipe secundario Sergio Vargas, acusado de haber obrado de «campana» y el viudo Nicolás Cajal Gauffín imputado por encubrimiento agravado, en tanto hasta el momento las investigaciones no pudieron dar con los autores del asesinato ocurrido el 27 de enero de 2017.

En la primera audiencia se transmitirá la requisitoria fiscal de elevación a juicio por youtube y luego en la etapa final de la audiencia de debate se transmitirán los alegatos y la lectura de la sentencia. Está previsto que el juicio se desarrolle hasta el 21 de mayo y estará a cargo de los jueces de la Sala VII: Francisco Mascarello, Federico Diez y Javier Armiñana Dohorman (interino). La Multisectorial de Mujeres de Salta había repudiado que Diez actuará en este caso puesto que es un magistrado imputado en una causa por violencia de género que se inició con la denuncia de la expareja y que aún no ha sido resuelta.

Este lunes, el Tribunal dará la posibilidad para que los acusados presten declaración y se iniciará la ronda de testimoniales con tres personas citadas, entre quienes se encuentra la persona que estaba al cuidado de las dos hijas de la víctima.

Vargas llegará a la audiencia imputado como partícipe secundario de homicidio triplemente calificado por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por precio o promesa remuneratoria. En tanto que Cajal Gauffín será juzgado por encubrimiento agravado.

Por el Ministerio Público intervendrán los fiscales, Gustavo Torres Rubelt y Ramiro Ramos Ossorio y la fiscala Ana Inés Salinas.
Los abogados Marcelo Eduardo Arancibia y Luciano Romano serán los defensores técnicos de Vargas. Marcos Rubinich defenderá al imputado en relación a la acusación de la querella y la actoría civil. El letrado Pedro Javier Arancibia intervendrá como defensor de Cajal Gauffín.

La abogada del niño, Marta Verónica Aguilar Bossini se desempeñará como querellante y actora civil, en representación de las hijas en común de Salas y Cajal Gauffín. También la asesora de Incapaces 2, Claudia Mariela Flores Larsen, representará a las niñas. Esto fue dispuesto luego de que el padre de las nenas y el viudo de Salas resultara imputado y ya no pudiera seguir llevando la querella.

El 27 de enero de 2017, se encontró el cuerpo sin vida de Salas en el piso de la cocina comedor de su vivienda, ubicada en la localidad de Vaqueros. Hasta la fecha no hay imputados por la autoría material del asesinato y es uno de los principales reproches que realizan las defensas de Vargas y Cajal Gauffin al Ministerio Público Fiscal.

Vargas era vendedor ambulante, su relato detalla que anduvo por el barrio donde residía Salas vendiendo sandalias para niños. El abogado Romano dijo que un testigo lo vio pasando cerca de la casa de Salas alrededor de las 11.30 pero que nadie lo pudo señalar rondando la vivienda, ni tampoco que se haya contactado con la víctima. Sostuvo que el hombre preguntaba por familias que tuvieran hijos chicos, porque las sandalias que tenía para vender eran para niños. El crimen de Salas habría ocurrido al mediodía, el abogado precisó que a esa hora su cliente seguía vendiendo sandalias y que luego estuvo tomando bebidas con un amigo hasta las 15 en el camping del mismo barrio.

Romano recordó que hubo testigos que relataron haber visto a un hombre que tenía un perro, pero cuyas características no coinciden con Vargas. También detalló que se hicieron pruebas genéticas entre las muestras extraídas a su cliente y las que fueron halladas en la escena del crimen y no resultaron compatibles.

La familia de Vargas se ha manifestado muchas veces en las puertas de Ciudad Judicial aduciendo su inocencia y también se han sumado a diversas marchas con carteles para que se encuentre a los asesinos de Salas.

Sin embargo, los fiscales, basaron su acusación contra Vargas en la existencia de «numerosas declaraciones testimoniales, entre las cuales varias coincidieron en señalar a un hombre que consultó por una señora que tenía unas hijitas en la entrada, al principio de calle Las Virginias (domicilio de Salas) y que esta señora le había encargado que le iba a comprar».

La base probatoria fiscal también se sustenta en informes policiales, de telefonía que confirmaron que Vargas utilizó líneas telefónicas registradas a su nombre y prepagas con una “actividad inusual, intercambiando tarjetas SIM de diversas compañías de manera permanente y llamativa”, con impacto en la zona donde residía Salas, a principios de enero.

“Se pudo determinar fehacientemente la utilización de telefonía celular de manera llamativamente sospechosa en general y en particular por haberse comprobado que el día 4 de enero estuvo en la zona con un equipo telefónico que no se corresponde a los numerosos elementos secuestrados en la causa”, dicen los informes de Fiscalía.

También lxs fiscales en los fundamentos de la elevación a juicio detallaron que Vargas el día posterior al crimen consultó la web del diario El Tribuno y aseguraron que se puede comprobar que antes jamás había ingresado a un portal de noticias. Según el Gabinete de Informática Forense, de departamento de Criminalística del CIF del Ministerio Público Fiscal, tuvo “una conducta atípica en los motores de búsqueda utilizados”, ya que sobre un total de 2.672 cookies recopiladas en el dispositivo, constan seis registros de visitas a la página web el diario El Tribuno el día 28 de enero de 2017, un día después del crimen.

Por otro lado, el abogado Arancibia sostuvo que el Ministerio Público Fiscal lleva «a juicio a dos personas inocentes». El letrado en su momento sostuvo una disputa mediática con el procurador Abel Cornejo por este caso, ya que Arancibia deslizó que con estas imputaciones quiso aparentar que se le daba impulso a una causa que venía sin avances y que ya lleva más de 4 años.

El decreto de imputación sostiene que hubo ocultamiento de información relevante por parte de Cajal Gauffin y que los perros amaestrados en la búsqueda de divisas, moneda de curso nacional y sustancias estupefacientes, detectaron rastros en un maletín secuestrado que fue encontrado en el placard de la habitación principal de la vivienda de Vaqueros.

Según lxs fiscales, los autores materiales, tras quitar la vida a Salas de forma violenta y lastimados ellos mismos, fueron directamente a la habitación, «específicamente al armario y de manera directa al menos uno de ellos, probablemente los dos, identificados por sus perfiles genéticos como H1 y H2. Además los rastros biológicos obtenidos por el Servicio de Biología Molecular permitieron afirmar concluyentemente que los victimarios no solo abrieron el maletín, sino que lograron el objetivo de sustraer selectivamente dinero o estupefacientes».

Arancibia dijo que su defendido ya había dicho que en el maletín no había dinero e indicó que los perros pueden detectar que alguna vez lo hubo pero no cuándo ni cuánto. Uno de sus reproches fue que a esta prueba con canes la hicieron después de dos años del crimen.

Entre otros elementos, la acusación contra el viudo también tiene en cuenta el hecho de que la empresa proveedora del servicio de alarmas de su domicilio confirmó que la alarma de su casa fue apagada el 26 de enero y restablecida el 30 del mismo mes, sin intervención de los técnicos.

Lxs fiscales afirmaron que no existen constancias que funden la falla de comunicación del sistema GPRS en la alarma instalada en el domicilio de la víctima por sabotaje, ni corte de alimentación y no fue posible la falla por equipos de inhibidores de señal en razón que tanto la víctima como la niñera utilizaron sus equipos de telefónica celular encontrándose en el inmueble por lo que concluyeron que la falla de comunicación registrada en fecha 26 de enero de 2017, aconteció al desconectar la antena. Además, lxs fiscales reparan en que en momentos previos a esa «falla en comunicación” de la alarma, Cajal Gauffin se encontraba en el inmueble solo. Esto tampoco fue comunicado por el viudo al Ministerio Público.