ENTREGAN CARPETAS TÉCNICAS QUE HABÍAN SIDO RETENIDAS POR EL MACRISMO

La presidenta del INAI visitó el norte salteño durante el fin de semana. Se prevé la firma de un acuerdo para capacitación y líneas de financiamiento. La ley de propiedad comunitaria, el gran tema sobre la mesa.

“Hicimos una entrega histórica de relevamientos técnicos que estaban detenidos hace años”, explicó a Salta/12 Magdalena Odarda, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en la ciudad de Salta ayer, de regreso de un recorrido por el norte salteño.

Las comunidades que recibieron esas carpetas pertenecen a los pueblos Chorote, Wichí, Chulupí, Qom y Guaraní. Durante el fin de semana recibieron la documentación elaborada desde el Plan Nacional de Relevamiento Territorial que prevé la ley 26.160, de emergencia de la propiedad comunitaria indígena. Buena parte de las comunidades se encuentran sobre la ruta nacional 34 (en cuya línea están las localidades de Embarcación, Mosconi, Tartagal, Aguaray). Otras, sobre las rutas nacionales 81 (Dragones) y 86, que conecta con Formosa.

“Es documentacion que las comunidades deben tener en sus manos, sobre todo para poder ejercer sus derechos”, dijo la funcionaria. Fue acompañada por las diputadas nacionales salteñas Alcira Figueroa y Verónica Caliva. “Para nosotros es una reparación histórica. Cumplimos con el mandato de Presidente y la vicepresidenta en cuanto a políticas publicas para los mas humildes”. Odarda visitará los Valles Calchaquíes y la Puna salteña en los próximos meses para entregar, personalmente, carpetas técnicas pendientes.

Salta/12 la entrevistó al finalizar su reunión con el vicegobernador Antonio Marocco. Contó que buena parte de la charla se centró en resaltar lo importante de continuar con los relevamientos que establece la ley nacional. Adelantó que la provincia de Salta firmará un convenio con el INAI “para generar trabajo” y profundizar el cumplimiento de derechos indígenas. El acuerdo será tratado en el parlamento salteño una vez que inicie el nuevo periodo legislativo. Explicó que el objetivo es implementar talleres de oficio en distintos puntos de la provincia destinados a jóvenes indígenas. Las capacitaciones otorgarán certificados de validez nacional. La tarea se coordina con el Ministerio de Educación de la Nación. Además, el acuerdo incluirá una línea indígena de financiamiento destinado a maquinarias y herramientas. Resta la firma del titular de la cartera de Desarrollo Social de Nación, Daniel Arroyo, para implementar el beneficio a nivel nacional, previo acuerdo en cada cámara provincial.

La reforma de la Constitución salteña formó parte de los temas abordados durante la reunión con el vicegobernador. Si bien se trata de una reforma parcial, la titular del INAI explicó la importancia de incluir temas relativos al derecho indígena. “Si bien los puntos a reformar lo decide soberanamente el pueblo de Salta, le comentamos lo desarrollado con las comunidades sobre la ley territorial indígena”, contó. Odarda recordó que en noviembre de este año vence la ley 26.160 y adelantó que están trabajando en una ley superadora con todas las comunidades indígenas de Salta, a través de los consejeros del Consejo de Participación Indígena (CPI).

Los referentes de cada comunidad que recibieron la visita del INAI durante el fin de semana manifestaron la necesidad de avanzar sobre la titularidad comunitaria de sus tierras y una ley de propiedad comunitaria. Ya en la ciudad de Salta, ayer Odarda se reunió con referentes de la Federación de Comunidades Autónomas Kollas, quienes le presentaron un anteproyecto de ley de Territorio Comunitario Indígena, que será presentado públicamente mañana, en la sede del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS).

Sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lhaka Honat, que ordenó al Estado nacional y provincial entregar el título comunitario de propiedad sobre 400 mil hectáreas y a llevar a cabo acciones de remediación de los daños provocados a los pueblos originarios por la actividad de los habitantes no indígenas y de los gobiernos que avanzaron sobre este territorio, Odarda insistió que es decisión política del gobierno nacional cumplir con los plazos establecidos en la sentencia.

Se trata de dos momentos. El primero implica la traducción de la sentencia en la lengua de cada pueblo habitante de este territorio. “Con Lkaka Honat estamos haciendo esa traducción para publicarlas en la web. No la hacen profesionales, sino miembros de la propia organizacion”. Odarda explicó que trabajan en detectar dentro de los ex-lotes fiscales 55 y 14 “los puntos mas críticos en cuanto al acceso al agua y a alimentacion”. La sentencia establece un segundo plazo: “Tiene que ver con la propiedad comunitaria y un elemento que es novedoso en la sentencia que es el derecho a gozar de un ambiente libre de contaminación”, explicó la funcionaria. “Los delitos ambientales estan incluidos en la sentencia. Es un hecho muy importante y por eso en el INAI formamos un área de ambiente y derecho indígena”.

Finalmente, acerca del plan de gobernanza ambiental en los Valles Calchaquíes que financia la Unión Europea y no prevé la consulta libre, previa e informada a comunidades del Pueblo Diaguita Calchaquí, Odarda reconoció no estar informada sobre esta cuestión. “Hay que estudiarlo e investigarlo. Aquí es el Estado el que interviene por imperio de la ley. Todo lo demás deberá ajustarse a lo que establezca el INAI, que es la autoridad de aplicación de la ley 26.160”, dijo. Citó como ejemplo al programa de cisternas que coordina el INAI con carteras de obras públicas de Nación y la provincia. “Serán entre 800 y 2000 cisternas. En marzo comenzamos con el proceso de consulta, libre, previa e informada, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT”.