PIDEN AL IPV CLARIFICAR MECANISMOS DE ACCESO A VIVIENDAS SOCIALES

La Fundación Tomar Acción representa a 124 personas que estuvieron asentadas en 2020 en Finca Marinaro y que mediante un recurso colectivo judicializaron la demanda de acceso a la vivienda.

La abogada Antonieta Plaza presentó un recurso de amparo, que en primera instancia fue aceptado por la jueza Guadalupe Villagrán, en el que se pedía que el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) brinde información respecto a los mecanismos para el acceso a viviendas de personas en situación de vulnerabilidad.

Plaza, de la Fundación Tomar Acción, representa a 124 familias que estuvieron asentadas el año pasado en la toma de Finca Marinaro, en simultáneo con otros asentamientos de la zona sur de la ciudad de Salta.

El fallo de la jueza Villagrán sigue en suspenso por dos oposiciones del Ministerio Público Fiscal, por las que la causa fue a parar a la Corte de Justicia de Salta, donde se hizo lugar a esa oposición. Contra esta decisión Plaza presentó un recurso extraordinario para recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Plaza explicó a Salta/12 que el recurso de amparo presentado sería de utilidad no solo al grupo de la toma que había pedido su representación, sino a todas las personas que están en la misma situación de vulnerabilidad social. Se trata de personas con discapacidad, mujeres en circunstancias de violencia de género y/o con bajo nivel de ingresos. La abogada sostuvo que la normativa del organismo provincial no contempla un mecanismo de asignación que otorgue prioridad a este sector de la sociedad.

Aseguró que el otorgamiento de las viviendas sociales “es casi 100% discrecional”. «La persona tiene que hacer una carta y contar sus penurias. Eso se presenta en el área social del IPV que evalúa esas carpetas o no le da ningún trámite y quedan cajoneadas», sostuvo. Plaza indicó que se pide que el IPV clarifique los mecanismos y requisitos para la entrega de viviendas a personas vulnerables. Señaló la necesidad de que los requisitos sean legales, se publiciten, que no queden a discrecionalidad y que se adecue a los tratados internacionales que velan por los derechos de las mujeres, las personas con discapacidad, personas ancianas y las infancias

En cuanto a las 124 familias que representa, detalló que todas llenaron las fichas en el IPV, que hay muchas mujeres y madres solas, personas con discapacidad, ancianas, gente que vive de hacer changas, que tienen históricos ingresos bajos, y que esto último muchas veces se repite de generación en generación. Indicó que muchas de estas personas ya tenían carpetas presentadas hace 12, 15 y 20 años en el IPV, y que algunas estaban en el área social que tiene una ficha distinta a la común.

En el proceso por el amparo la jueza había ordenado al IPV que informe los mecanismos mediante los cuales pueden acceder a planes de vivienda estatales los sectores vulnerables. Plaza explicó que el procurador general Abel Cornejo, el titular del Ministerio Público Fiscal, se opuso a esta decisión y cuestionó la legitimidad de la Fundación Tomar Acción para llevar a cabo esta acción legal y colectiva.

«La jueza rechaza su presentación y no entiende que él se oponga», dijo la abogada. La jueza confirmó la legitimidad del amparo y hubo una nueva oposición de la procuración, con lo que el caso llegó a la Corte de Justicia de Salta, la que hizo lugar a la posición del MPF.

Plaza explicó que por ello presentó un recurso federal extraordinario, que el máximo tribunal provincial aceptó para que fuera elevado a la Corte Suprema de la Nación.

Para la abogada, más allá de esta discusión judicial, «el IPV está incumpliendo con no brindar información». Plaza señaló que Salta adhirió a la ley de acceso a la información pública 27.275, además detalló que el artículo 61 de la Constitución provincial establece que todos los actos que emanan de la provincia son públicos.