PIDEN EL SOBRESEIMIENTO DE UNA DEFENSORA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

La feminista Sofía Fernández está siendo sometida a un juicio por una denuncia del exconcejal Martín Del Frari. Organizaciones de mujeres hicieron un pañuelazo en la ciudad judicial para acompañar a la activista.

La militante feminista salteña Sofía Fernández fue citada ayer a una audiencia en un proceso judicial por calumnias e injurias que inició en su contra el exconcejal y político Martín Del Frari, quien reclama que se retracte de manifestaciones hechas en medios de comunicación.

Varias organizaciones de mujeres y del colectivo LGBTIQ se manifestaron en la Ciudad Judicial con un pañuelazo en acompañamiento a Fernández y reclamando su sobreseimiento, ya solicitado formalmente por la abogada Guadalupe Vásquez.

Esta letrada, que representa a Fernández, explicó a Salta/12 que lo de ayer era «una audiencia previa que puede ser de retractación o conciliación». Precisamente, la abogada de Del Frari, María Gabriela Arellano, pidió que Fernández se retracte. «Nuestra propuesta era la conciliación con la abstención para ambos de mencionarse. No se llegó a un acuerdo, el procedimiento sigue. Previo a eso hicimos un pedido de sobreseimiento. Se lo solicitamos a la jueza. Esperamos que nos dé lugar porque consideramos que es lo que corresponde», manifestó Vásquez. Añadió que su defendida se expresó en el marco de lo que es la «vida pública y política» de Del Frari y que «no es algo personal».

«Esto viene a colación de que hemos pedido que no haya violentos en las listas y hemos dado a conocer situaciones de violencia dentro de los partidos políticos. Estoy pagando las consecuencias de haber denunciado públicamente, de haber sido la vocera de una denuncia pública porque es algo que decidimos en conjunto con otras organizaciones sociales. Quieren que me retracte, no estamos dispuestas a eso», dijo Fernández a Salta/12. «La Justicia patriarcal viene siendo el bastión de quienes nos quieren violentar de alguna manera», añadió.

La querella está radicada en la Sala II del Tribunal de Juicio que está vacante. Por ello intervienen lxs jueces de la sala III, esta semana recayó en la jueza Carolina Sanguedolce. Vásquez explicó que la semana próxima, según le anunció la magistrada, la causa será abordada por otra jueza. Desde el Poder Judicial informaron a Salta/12 que la querella es privada y la asignación del juez que interviene es hecha por sorteo en la mesa distribuidora.

Arellano dijo que solicitaron que prosiga la causa, manifestó que junto a su representado querían escuchar a Fernández ya que «hace más de un año que empezó el juicio» y no se había presentado a las audiencias previas. Pretendían que la militanta «dé explicaciones». «Acusa de manera impune a mi cliente. Ella utilizó facebook y medios periodísticos, sobre todo cuando sucedió el hecho de (Juan) Ameri (exdiputado nacional expulsado luego de una escena de contenido sexual con su cámara encendida en plena sesión del Congreso). (Fernández) visitó portales televisivos donde lo nombraba (a Del Frari) como adicto y acosador (…) Se paseó por los medios televisivos diciendo que es un violador», planteó la letrada.

Consideró que la activista «hizo daño» a Del Frari mediante sus expresiones públicas y las acusaciones de «semejante delito», y por eso, en vez de retractación debería realizar «un pedido de disculpas». Dijo que los actos que se llevan a cabo por redes y medios televisivos no se pueden realizar ejerciendo calumnias e injurias. «No se trata de Justicia patriarcal, ni mucho menos, se trata de un estado de derecho», sostuvo. Adujo que de lo contrario «la mujer podría cometer cualquier tipo de delito y no ser sancionada».

Por otro lado, Vásquez consideró que «no se configura una calumnia o injuria, ni se cumple con los requisitos (que requieren esas figuras)» en esta causa. «Nuestra defensa se basa en que los dichos de ella (Fernández) son expresiones políticas en el contexto de su militancia, vertidas en contra de hechos que tienen que ver con la militancia de ella. Se refiere a Del Frari en el marco de su actividad política. Hacer denuncias públicas de abuso y demás tiene que ver con una cuestión política y de militancia», manifestó. Consideró que de parte de Del Frari como funcionario público tiene que haber «una mínima tolerancia», y señaló además que hay otros hechos más relevantes «para que la Justicia se ocupe».

Asimismo, Fernández manifestó que no puede creer que esté imputada habiendo tantas víctimas sufriendo violencia de género y «que no pase nada». «Yo creo que deberían haber investigado las cuestiones de violencia dentro de los partidos y posibles víctimas», sostuvo. Señaló que como defensora de los derechos de las mujeres y disidencias ve como les cuesta tanto acceder a la Justicia y ahora es ella quien debe defenderse. «Para mí esta es una violencia más de manera institucionalizada», señaló respecto a la imputación. «Ojalá salieran rápido los alimentos provisorios, las medidas cautelares, la asistencia a las víctimas y sobrevivientes», deseó. Y concluyó que «No nos quieren abriendo la boca y defendiendo nuestros derechos». Explicó que tiene un bozal legal que le impide referirse a Del Frari.

Su abogada indicó que en la querella de Del Frari primero pedían resarcimiento económico, pero en esta audiencia del miércoles solo se solicitó la retractación.

Fernández había publicado en facebook capturas de mensajes que recibió de una supuesta víctima de Del Frari y allí también hacía referencia a situaciones de acoso de parte de otro político. La joven había explicado que cuando vio estos mensajes en su bandeja de entrada ya había pasado tiempo, no los advirtió antes y el perfil desde el cual se los enviaron figuraba como cerrado. Arellano dijo que Del Frari hizo una denuncia en 2019 pidiendo que se investigue esta cuesitón, ya que no sabe quien hizo esas manifestaciones mediante mensajes a Fernández y aclaró que en esa causa no denunció a la militanta.

En la Ciudad Judicial las organizaciones feministas colocaron un tendedero en el que pusieron diversas denuncias públicas y judiciales hechas por mujeres políticas contra Del Frari. Una de las denunciantes que fue a la justicia fue Liliana Mazzone, ex diputada provincial, quien lo acusaba de impedirle ver a su nieto. La exnuera de Mazzone había entablado una relación con Del Frari. En 2018, la jueza Noemí Valdez le ordenó a Del Frari abtenerse de hacer manifestaciones contra la entonces Defensora del Pueblo de la ciudad, Frida Fonseca, por haber dicho que fue puesta en ese cargo a dedo. También otras exconcejalas, como Lihue Figueroa e Ilda Paola Salva señalaron en medios el trato machista que recibían de Del Frari, incluso habían llegado a pedir su destitución.